Otro de los asuntos a tener en cuenta por parte de las empresas son las posibles sanciones relacionadas con el uso de software ilegal. Según explica el articulado del nuevo Código Penal las compañías infractoras podrían ser obligadas a disolver su compañía o ser excluidas de subvenciones y ayudas públicas hasta quince años.

La norma apunta directamente a las empresas, pero también a los administradores que, a partir de ahora y siempre que no hagan nada para prevenir el uso de estos programas piratas, podrán ser sancionados con penas de hasta cuatro años de prisión y con multas económicas idénticas a las aplicadas a las personas jurídicas .

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